Mucho se ha dicho sobre la enorme carga formal que implica para los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y de los esfuerzos que la Administración en buena medida realiza para reducir estos costos; no obstante ello, dicha labor, que dentro de un Estado Constitucional de Derecho es una obligación, se ve minimizada cuando nos encontramos ante actuaciones como la generada con la publicación de la Resolución de Superintendencia Nº 063-2012/SUNAT, norma que dispone incorporar entre las operaciones sujetas al SPOT, a los demás servicios gravados con el IGV que a la fecha no estaban sujetas al referido sistema.
La explicación la podemos encontrar de forma bastante escueta en la parte considerativa de la Resolución de Superintendencia antes señalada, cuyo cuarto párrafo expone que la Administración Tributaria ha analizado el comportamiento tributario vinculado al IGV en las actividades más representativas del universo de servicios actualmente no sujetos al SPOT, habiendo determinado la existencia de significativos niveles de incumplimiento tributario.
No discutimos aquello que es evidente, en casi todos los sectores de nuestro mercado existen elevados niveles de informalidad, que no solo atentan contra la recaudación y la institucionalidad del Estado, también generan condiciones desventajosas para los formales que deben incluir el costo de la formalidad dentro de sus precios de venta, perdiendo competitividad y condenándolos a una evidente salida del mercado, o a verse obligados a caer finalmente en aquello que criticamos, la informalidad.
El primer punto cuestionable de la norma comentada es que haya llegado en el momento menos apropiado para generalizar una carga administrativa la que además no viene sola, arrastra consigo todos los bemoles del SPOT. La Resolución de Superintendencia es publicada el jueves 29 de marzo y que entrará en vigencia el lunes 2 de abril, es decir exactamente en la mitad de los vencimientos para las declaraciones juradas anuales, situación que resulta contraproducente incluso para la misma recaudación, ya que ahora las áreas respectivas de las empresas y el contribuyente mismo, tendrán que desviar la atención y los esfuerzos dispuestos para la determinación del Impuesto a la Renta, en busca de cubrir esta nueva carga. Consideramos que por lo menos, ante la premura para generalizar la aplicación del SPOT para los demás servicios gravados con el IGV, debió entregarse una vacancia legislativa razonable, y disponer que la entrada en vigencia se diera, por ejemplo, en el mes de mayo, tiempo para que todos los nuevos sujetos obligados, en principio tomen conocimiento de las nuevas disposiciones, y puedan habilitar los mecanismos necesarios para cumplir con esta nueva obligación, como solicitar la apertura de sus cuentas corrientes en el Banco de la Nación, la emisión de sus chequeras, los comprobantes de pago con la leyenda respectiva, incluso advertir a sus clientes de sus obligaciones. Otorgar un plazo así de apremiante induce al contribuyente al error, y en consecuencia incurrir en infracciones tributarias y la exposición a multas, costos que distorsionarán aún más el mercado.
No obstante lo señalado, advertimos que con la extensión del SPOT a los demás servicios gravados con el IGV, se simplifica la determinación de qué concepto está o no sujeto al SPOT, lo que significa una importante reforma al sistema, ya que la complejidad de su identificación era una de sus principales críticas. Aunque para tal fin hubiera sido factible, y sobre todo más neutro, uniformizar los porcentajes aplicables.
En tal sentido, consideramos que hubiera sido deseable que la Administración Tributaria contemple en la reforma un único porcentaje pequeño flat aplicable al SPOT, ya que ello además de simplificar el sistema hubiera sido plenamente concordante con el Principio de Equidad que debe regir en todo Sistema Tributario racional.
