miércoles, 16 de noviembre de 2011

Seguridad y Salud en el Trabajo (2)

Desde hace aproximadamente 90 años, la protección de la vida y salud de los trabajadores quedó plasmada como un objetivo fundamental, a partir de la constitución de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. En la actualidad, la rapidez en los cambios tecnológicos y la velocidad de la economía globalizada plantean nuevos desafíos y presiones en todas las áreas del mundo laboral. En particular, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

Los países en desarrollo, como es el caso del Perú, donde la tasa de accidentes laborales ha venido en aumento, se enfrentan a un desafío particular. Aquí, la mayoría de los trabajadores forma parte de la economía informal, por lo que, la salud y seguridad de estas personas debe ser una preocupación primordial para el Estado, así como para los empleadores y los propios trabajadores.

En ese sentido, si bien la promoción de seguridad y salud en el trabajo ha mejorado durante los últimos años, el número de muertes, lesiones y enfermedades en el centro de trabajo continúa siendo alto y tiene consecuencias devastadoras que afectan a hombres, mujeres y a sus familias. Asimismo, debemos considerar que las economías, tanto a nivel nacional como internacional, también pierden; ya que, según información de la OIT, el costo en términos de accidentes y enfermedades es equivalente al 4% del PBI mundial.

En forma específica, el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y salud en los centros de trabajo restringe, de forma significativa, las condiciones generales de trabajo, al ser un conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y promover el cuidado de la maquinaria, herramientas y materiales utilizados por los trabajadores al cumplir sus servicios. Las normas se concretan en un conjunto de prácticas de sentido común, en donde el elemento clave es la actitud responsable y la concientización de todas las personas a las que afecta.

A nivel nacional, hemos carecido de una regulación unificada que reglamente el tema de la seguridad y salud en el trabajo, en todo el territorio y con relación a todas las actividades productivas.

Una primera aproximación al respecto, la encontramos en el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR (29.09.2005), Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma que desde el año 2005 regula las medidas mínimas de seguridad y salud aplicables a todos los sectores económicos, comprendiendo a todos los empleadores y trabajadores del régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, quedando un vacío referido a la aplicación de estas medidas mínimas de seguridad en el sector público y las fuerzas armadas y policiales.

Es por ello que, siguiendo con la tendencia de mejora continua de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y, a la necesidad de contar con una norma con rango de ley que regule las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, el pasado 20 de agosto fue publicada la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma que es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, pues comprende a todos los trabajadores y empleadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las fuerzas armadas y policiales y a los trabajadores por cuenta propia.

Con la publicación de esta Ley, y la puesta en consulta y evaluación de su Reglamento, podemos coincidir en que el Perú ha dado un gran paso hacia el tratamiento integral de la seguridad y salud en el trabajo; ahora depende del compromiso y participación de las autoridades administrativas para que estos esfuerzos rindan frutos y se concreten en menores accidentes y mejores condiciones de trabajo.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Plan de Estímulo Anti-Crisis

El contexto económico actual experimenta un proceso de desaceleración en los niveles de crecimiento de los principales países industrializados, los cuales, debido a sus profundos lazos comerciales con el resto del mundo, llevan a las pequeñas economías emergentes como la nuestra a un escenario de incertidumbre sobre el futuro desempeño comercial y financiero.

Teniendo en cuenta esta disyuntiva, el MEF dispuso hace unos días una nueva estrategia anti-cíclica a puertas de una posible crisis financiera internacional, que tendría como consecuencia, la disminución de la demanda de nuestros principales productos de exportación. Por ello, el objetivo de estas disposiciones macro-prudenciales se asienta en reemplazar, hasta cierta medida, los niveles de demanda que dejarían de consumir nuestros socios comerciales.

Así, el 26.10.2011 se publicó el Decreto de Urgencia Nº 058-2011 a través del cual se da inicio al segundo tramo del plan de estímulo ante la crisis internacional. Esta etapa es parte de un plan integral que irá ajustándose de acuerdo a los avances de la economía local que apunta a asegurar un superávit fiscal de 0.8% del PBI para este año.

La primera etapa de esta estrategia se dio a finales del mes pasado y consistió en oficializar un conjunto de medidas, equivalentes a 890 millones de soles, direccionadas únicamente, a través de herramientas de inversión pública, canalizándose 370 millones en mantenimiento de carreteras y 520 millones para culminar obras de ejecución en los Gobiernos Sub-Nacionales.

A diferencia de la primera etapa, este segundo tramo de intervención del Estado se compone de cinco partes, donde intervienen herramientas de inversión, a través de los canales público y privado, enfocados a los sectores más sensibles a la crisis financiera.

Este conjunto de mecanismos consiste en demandar a las micro y pequeñas empresas por un valor de S/. 381 millones, en compras de vestuarios para los sectores Educación, Interior y Defensa; además, se establece que la MYPE contratante podrá solicitar en la ejecución contractual, hasta el 50% del monto del contrato como adelanto.

Por otro lado, están las estrategias que tienen como objetivo financiar estudios de pre-factibilidad para los proyectos de los Gobiernos Regionales, así como un Plan Nacional de Infraestructura, que incluye el mantenimiento de un conjunto estratégico de sectores, tales como: centros médicos, colegios, proyectos de agua y saneamiento, reparación de carreteras, entre otros.

El último componente contempla el financiamiento de obras en ejecución que pertenezcan a áreas sin recursos y que tengan capacidad multiplicadora, así como a programas de empleo temporal.

Los resultados de estos lineamientos se verán plasmados en el comportamiento de la actividad productiva del país a finales de año. Frente a esto, el sector privado debe mantenerse atento al correcto manejo de dichas políticas para establecer sus planes estratégicos a futuro.