El contrato de trabajo enmarca una situación jurídica en la cual el empleador requiere de los servicios del trabajador, para que este último contribuya en el desarrollo productivo del negocio a cambio de una retribución económica.
Como podemos advertir, el rol que desempeñan los trabajadores en la producción de la empresa es fundamental e indispensable para que éstas puedan desarrollarse y lograr los objetivos trazados. Con la introducción de métodos de gestión que impulsan la competitividad y la productividad de las empresas, los sistemas de participación de los trabajadores buscan promover su rendimiento, recompensando el compromiso de éstos.
El derecho de los trabajadores a la participación en la empresa tiene como origen la constitución de los comités de trabajadores en Alemania en 1981 y posterior regulación en la Constitución de Weimar en el año 1919 estableciéndose la creación de consejos de obreros para que defiendan los intereses sociales y económicos de los empleados y obreros, modelo que se extendió por todo Europa y los Estados Unidos. Así, con el transcurso del tiempo el derecho de los trabajadores a participar en la empresa ha sido reconocido en los diferentes sistemas jurídicos.
En nuestro país este reconocimiento atravesó por un proceso de desarrollo, así el artículo 45º de la Constitución de 1933 establecía la necesidad de favorecer un régimen de participación de los empleados y trabajadores en los beneficios de las empresas.
En la actualidad, el reconocimiento constitucional de este derecho laboral se encuentra regulado en el artículo 29º de la Constitución Política de 1993, que señala “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.”
Si bien, existe consenso respecto de la existencia de tres formas en las que se puede materializar este derecho, estas son la propiedad, la gestión y las utilidades, actualmente en nuestro país esta atribución se traduce en la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
En ese sentido, los Decretos Legislativos N° 677 y 892 regulan los supuestos, formas y exclusiones de determinación de la participación de los trabajadores en la utilidades. Si bien existe un reconocimiento constitucional de este derecho para todos los trabajadores, las normas antes referidas señalan exclusiones que limitarían el derecho de algunos.
La participación en las utilidades responde al resultado económico de la gestión empresarial, asignando un porcentaje de los logros obtenidos a quienes participaron de su generación, entendiendo a la empresa como organización de capital y trabajo destinado a la obtención de ganancias.
El reconocimiento del derecho de los trabajadores a participar en la empresa, no sólo tiene una connotación económica, sino también obedece a la necesidad de establecer sistemas de retribución que motiven y compensen a quienes contribuyen en el desarrollo y producción de las empresas.
Así, los sistemas retributivos tienen gran importancia, toda vez que impulsan y fortalecen el compromiso del personal, y las empresas aumentan significativamente su capacidad de organización, haciéndolas competitivas para los desafíos comerciales actuales.
Consideramos que el respeto y observancia de este derecho, no sólo beneficia a los trabajadores, sino también a la empresa, que contará con personal motivado, que logre interiorizar que la efectividad en su producción genera consecuencias directas en el desarrollo de la empresa, constituyendo finalmente un beneficio para ambas partes.
